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Derecho público chileno

DictamenN° 33.911 de 200926 jun 2009

Cobro de multas por peajes no pagados por concesionarias de autopistas urbanas

Fecha
26 de junio de 2009
Materia
Obras públicas y concesiones
Fuentes legales
ley 10336 art/6 inc/3, ley 18290 art/118 bis
Descriptores
peajes no pagados, autopistas
Cita
Dictamen N° 33.911 de 2009

Resumen

La Contraloría se abstiene de pronunciarse, pues carece de atribuciones al tratarse de un conflicto entre particulares de carácter litigioso, cuya resolución corresponde a los Tribunales de Justicia.

Sumario de la Contraloría

Contraloría no se pronuncia sobre el cobro de multas por peajes no pagados, que las concesionarias de autopistas urbanas han cursado a la empresa que indica, por ser un asunto de carácter litigioso

Texto íntegro

N° 33.911 Fecha: 26-VI-2009 Se ha dirigido a esta Contraloría General don nombre reservado, en representación de las compañía del rubro automotriz "Comercial Ceval Limitada", reiterando la solicitud de intervención de este Organismo de Control en relación con el cobro de multas por peajes no pagados que las empresas concesionarias de autopistas urbanas han cursado a la empresa citada en las situaciones que indica, no obstante haber acreditado la compraventa de los vehículos y su correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a nombre de los terceros adquirentes.

Asimismo, demanda se investiguen las eventuales responsabilidades administrativas de los inspectores fiscales de explotación de los respectivos contratos de concesión, por no fiscalizar adecuadamente el sistema de gestión y cobro de peajes de las referidas concesionarias.

Sobre el particular, cumple esta Contraloría General con manifestar que, reitera el criterio sustentado en el dictamen N°20.157, de 2008, absteniéndose nuevamente de pronunciarse sobre la presentación del recurrente, en relación a la aplicación del artículo 118 bis de la ley N° 18.290, por parte de las empresas concesionarias de autopistas urbanas. Ello, porque Contraloría, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de la ley N° 10.336, carece de atribuciones al respecto, ya que como se expresó en su oportunidad en el dictamen referido, la materia de que se trata reviste el carácter de litigiosa, por cuanto los hechos denunciados configuran un conflicto entre particulares cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales de Justicia.