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Derecho público chileno

DictamenN° 29.854 de 201112 may 2011

Antecedentes a examinar en la evaluación técnica económica de estudios preinversionales y proyectos de inversión

Fecha
12 de mayo de 2011
Materia
Administración financiera, presupuesto y rendición de cuentas
Criterio
Aplica Jurisprudencia
Fuentes legales
dl 1263/75 art/19 bis inc/4, ley 18989 art/2 lt/f dto 814/2003 hacie art/1
Descriptores
evaluación técnica, iniciativas de inversión, PLANI
Cita
Dictamen N° 29.854 de 2011

Resumen

El Ministerio de Planificación debe verificar los antecedentes necesarios para la evaluación técnica económica, determinando en cada caso la documentación a requerir según la naturaleza de los programas, para pronunciarse sobre la rentabilidad social.

Sumario de la Contraloría

Sobre los antecedentes a examinar en la evaluación técnica económica de los estudios preinversionales y de los programas o proyectos de inversión a cargo del Ministerio de Planificación

Relaciones

Pronunciamientos posteriores sobre este

Tal como las publica la fuente.

Texto íntegro

N° 29.854 Fecha: 12-V-2011 La Subsecretaria de Planificación consulta a esta Contraloría General sobre los antecedentes que debe examinar el Ministerio de Planificación para la realización de la evaluación técnica económica de los estudios preinversionales y de los programas o proyectos de inversión.

Al respecto, de acuerdo con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 18.989, que crea el Ministerio de Planificación, a esa Secretaría de Estado le compete emitir un informe que evalúe técnica y económicamente la rentabilidad de los estudios preinversionales y de los programas o proyectos de inversión.

Por su parte, el artículo 1° del decreto N° 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta el citado artículo 19 bis, prescribe que la respectiva identificación presupuestaria de los estudios básicos, proyectos y programas de inversión a que alude el mencionado artículo 19 bis, se refiere a los ítems 01, 02 y 03, respectivamente, del subtítulo 31 de los presupuestos de los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público para cada anualidad.

En concordancia con lo anterior, el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina clasificaciones presupuestarias, establece que las iniciativas de inversión, subtítulo 31, comprenden los gastos en que se debe incurrir para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión.

Como puede advertirse, al Ministerio de Planificación le corresponde pronunciarse desde un punto de vista técnico y económico sobre la rentabilidad social de las respectivas iniciativas de inversión. En tal sentido, el informe que emita debe fundarse en una estimación o cálculo efectuado sobre la base de los principios, métodos y procedimientos técnicos de la ciencia de la economía, apreciación que, tal como lo sostiene la autoridad recurrente, tiene por objeto establecer el beneficio que producirá cada proyecto.

Atendido lo expuesto, el Ministerio de Planificación tendrá que verificar aquellos antecedentes que sean necesarios para efectuar la evaluación técnica económica que le ha sido encomendada por el ordenamiento jurídico, debiendo determinar, en cada caso, acorde con la naturaleza de los programas de que se trate, cuál es la documentación a requerir con el fin de dar cabal cumplimiento a su cometido.

Finalmente, cabe manifestar que el dictamen N° 22.926, de 2002, de este origen, en cuanto señala que “los proyectos de inversión que sean presentados por la autoridad regional deben reunir todos los elementos y cumplir con las exigencias técnicas y legales que permitan su adecuada ejecución”, debe ser entendido en el contexto de la facultad antes mencionada, ya que, como se viera, la aludida Secretaría de Estado interviene, en esta etapa, con el objeto de examinar la viabilidad técnica y económica de los anotados planes.

nombre reservado

Contralor General de la República