Concesión marítima mayor otorgada por decreto del Ministerio de Defensa
- Fecha
- 10 de mayo de 2013
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- ley 18575 art/3, ley 18575 art/5
- Descriptores
- concesión marítima mayor, cálculo de tarifa, monto de garantía
- Cita
- Dictamen N° 29.159 de 2013
Resumen
Se representa el decreto por errores en el cálculo de la tarifa anual y semestral y de la garantía, y porque la evaluación ambiental del proyecto fue desfavorable, lo que impide desarrollar el objeto de la concesión.
Sumario de la Contraloría
Representa el decreto Nº 195, de 2013, del Ministerio de Defensa
Relaciones
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 74.462 de 2011
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 29.159 Fecha: 10-V-2013 Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso al decreto Nº 195, de 2013, del Ministerio de Defensa, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que otorga la concesión marítima mayor que singulariza, por cuanto no se ajusta a derecho.
En efecto, cabe señalar que se advierte un error en el cálculo de la tarifa anual, consignada en el punto N° 8 del acto en estudio, toda vez que no corresponde a la suma de los valores que se anotan en el detalle del mismo numeral.
Así también, el cálculo de la tarifa semestral, regulada en el mismo punto señalado en el párrafo precedente, no se condice con lo indicado como tarifa anual ni con la suma de los valores establecidos en el detalle.
Cabe mencionar, además, que el monto de la garantía indicado en el N° 10 de la parte dispositiva del instrumento en análisis, no corresponde al porcentaje allí señalado del presupuesto de las obras o construcciones declarados por el particular.
Finalmente, se advierte que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, mediante resolución exenta N° 172, de 2011, calificó desfavorablemente el proyecto que el particular pretende llevar a cabo en los sectores entregados en concesión, por lo que el solicitante no podrá desarrollar el objeto de la misma en las actuales condiciones ni dar cumplimiento a las obligaciones que nacen del acto concesional. En ese orden de ideas, aparece que el otorgamiento que se dispone vulnera los principios de coordinación que debe regir a los órganos de la Administración del Estado, así como también los de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 74.462, de 2011).
En mérito de lo anteriormente expuesto se representa el acto administrativo en estudio.
Por orden del Contralor General de la República Julio Pallavicini Magnere Jefe de la División Jurídica