Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

DictamenN° 25.453 de 200915 may 2009

Vigencia y validez del decreto que creó el Parque Nacional Villarrica

Fecha
15 de mayo de 2009
Materia
Bienes del Estado (bienes fiscales y nacionales)
Fuentes legales
DFL 7912/27 Inter art/17, Dto 2236/40 Tierr, Dto 2236/40 Binac
Descriptores
decreto Parque Villarrica, vigencia
Cita
Dictamen N° 25.453 de 2009

Resumen

El decreto no adoleció de vicio en su dictación y no existe norma posterior que haya afectado su vigencia, al haberse cumplido los trámites exigidos por el artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927.

Sumario de la Contraloría

El decreto 2236/40 Tierras, que creara el Parque Nacional Villarrica no adoleció de vicio alguno en su dictación y no existe norma posterior que haya afectado su vigencia

Texto íntegro

N° 25.453 Fecha: 15-V-2009 Se ha dirigido a esta Contraloría General don nombre reservado, solicitando una certificación acerca de la vigencia del decreto supremo N° 2.236, de 1940, del Ministerio de Tierras y Colonización, hoy Bienes Nacionales, haciendo presente que no cumplió con los trámites necesarios, como ocurre con su publicación en el Diario Oficial, lo que le resta validez.

Por su parte, el Subsecretario del Ministerio recién aludido manifiesta que dicho decreto tuvo por objeto la creación del Parque Nacional Villarrica, y que fue tomado razón con fecha 17 de diciembre de 1940, y cumplió con todos los trámites dispuestos al efecto, como fueron los de control previo de legalidad, anotación en el Departamento de Bienes Nacionales, registro y comunicación, y que se encuentra actualmente vigente.

Al respecto, cabe expresar que, a la fecha de dictación del decreto que interesa al recurrente, regía el artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, el cual prescribía que en la tramitación de los decretos supremos se requiere la firma del Presidente de la República cuando corresponda, o en su caso, sólo la del Ministro, numeración y anotación en el Ministerio de origen, examen y anotación en la Contraloría General y comunicación a la Tesorería General cuando implique compromisos para el Estado, los que se encuentran acreditados.

De las consideraciones expuestas es posible concluir que el decreto en examen no adoleció de vicio alguno en su dictación, sin que se advierta alguna norma posterior que haya afectado su vigencia.