Retenciones judiciales por pensión de alimentos a funcionario de Carabineros
- Fecha
- 17 de marzo de 2009
- Fuentes legales
- Ley 10336 art/6 inc/3
- Descriptores
- Retención pensión de alimentos Carabineros Incompetencia Contraloria
- Cita
- Dictamen N° 13.797 de 2009
Resumen
La Contraloría se abstiene de pronunciarse, conforme al artículo 6 inciso tercero de la ley 10336, por tratarse de una materia sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia.
Sumario de la Contraloría
Según el art/6 inc/3 de la ley 10336, no se pronuncia sobre las retenciones judiciales por concepto de pensión de alimentos que se realicen respecto de funcionario de Carabineros
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 40.255 de 2011
- Aplica Dictamen N° 56.385 de 2009
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 13.797 Fecha: 17-III-2009 Se ha dirigido a esta Contraloría General, doña nombre reservado, para solicitar se investigue y sancione a Carabineros de Chile por el supuesto incumplimiento de esta entidad al no efectuar las retenciones judiciales por concepto de pensión de alimentos debidas por su cónyuge, don nombre reservado, funcionario de la mencionada institución policial.
Requerido su informe, Carabineros de Chile manifiesta que la pensión de alimentos se cancela normalmente desde enero de 2008, en conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Familia de Talagante.
Enseguida, señala que respecto al periodo en el cual el afectado permaneció licenciado de esa Institución Policial, esto es, desde enero de 2006 a enero de 2008, lapso durante el cual no se canceló la pensión, originándose una deuda que asciende a la suma de $4.683.212, según lo informado por el Juzgado de Familia en mayo de 2008, el Departamento Contabilidad y Finanzas de la Jefatura de Zona Metropolitana solicitó un pronunciamiento a ese Tribunal, a objeto de indicar la forma de pago de los dineros adeudados.
Sobre el particular, conviene tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, esta Entidad de Control no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigiosos, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.
Lo anterior, tiene por finalidad evitar que este Organismo Fiscalizador dictamine acerca de materias entregadas al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia, como asimismo, garantizar que no se interferirá en el ejercicio de las funciones privativas de ese Poder del Estado.
En este orden de consideraciones, es menester señalar que la jurisprudencia administrativa, contenida en dictamen N° 41.221, de 1996, ha manifestado que el alcance de las sentencias o resoluciones que dicten los Tribunales de Justicia deben ser determinadas por esos propios órganos Jurisdiccionales, no pudiendo esta Contraloría General efectuar precisión alguna sobre tales pronunciamientos.
Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre lo solicitado.